A partir del próximo 1 de enero de 2020 los vehículos SIN DISTINTIVO ambiental no podrán estacionar en zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Si dispone de autorización de residente SER, únicamente podrá aparcar en aquellas plazas del servicio de estacionamiento regulado del barrio donde esté empadronado; no podrá hacerlo en ninguna de las plazas de los restantes barrios de la zona SER al no contar con el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico. Tienen la consideración de vehículos SIN DISTINTIVO ambiental o vehículos de la categoría ambiental “A”, con carácter general, los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas antes del año 2000 y de diésel antes del año 2006. No obstante, para mayor información consulte la Dirección General de Tráfico (https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/). Esta prohibición viene regulada en la Disposición Transitoria Primera, punto 3, de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada el 5 de octubre de 2018. El incumplimiento de este apartado de la ordenanza llevará aparejado la imposición de una sanción de 90 euros, 45 por pronto pago. El Ayuntamiento de Madrid está comprometido con la Directiva Europea 2008/50/CE del 21 de mayo de 2008 que España, en su conjunto, lleva infringiendo reiteradamente desde 2010. Una de las medidas más eficaces para lograr este objetivo es limitar la circulación a los vehículos más contaminantes y promover la renovación de la flota del parque circulante. Si desea más información, puede acceder a este enlace, visitar la página Web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) o llamar al teléfono de Atención al Ciudadano de la Ciudad de Madrid (llamando al 010).

Aviso a colaboradores sociales que utilizan la modalidad de certificados electrónicos de representante de persona jurídica restringidos (colaboración social restringida)

El día 14 de enero de 2020 dejará de validarse en las aplicaciones de presentación de declaraciones tributarias de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la modalidad de colaboración social restringida, y únicamente se validará la denominada colaboración social delegada. La colaboración social delegada permite gestionar el censo de los empleados (del colaborador social) que con sus certificados de usuario personales podrán presentar declaraciones tributarias (y consultar las previamente presentadas) en el ámbito de la colaboración social en la aplicación de los tributos. Este cambio está relacionado con el hecho de que los certificados de representante de persona jurídica se pueden utilizar ante cualquier administración pública que los admita con capacidad de representación total, por lo que no tiene sentido mantener la colaboración social restringida en el ámbito tributario. En esta modalidad de colaboración social delegada, el colaborador social con su certificado electrónico podrá presentar (y consultar) las declaraciones de los obligados tributarios presentadas por él mismo o por cualquiera de sus empleados autorizados como delegados. A partir de 14 de enero de 2020 con cualquier certificado electrónico en vigor (de representante de persona jurídica o de personas física si fuera el caso) del colaborador social, se podrán realizar tanto actuaciones en nombre de terceros como actuaciones en nombre propio. Solo revocando los certificados de representante de persona jurídica restringidos en la actualidad se evitará la presentación y consulta de las declaraciones propias del colaborador social. Por lo tanto, si utiliza la Colaboración Social Restringida debe migrar antes del 14 de enero a los empleados que actualmente utilizan certificados de representante de persona jurídica al nuevo modelo de Colaboración Social Delegada para que puedan seguir realizando presentaciones en nombre de terceros sin utilizar estos certificados electrónicos, que a partir de esa fecha se podrán utilizar sin ningún tipo de restricción en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Más información del sistema de colaboración social delegada: Evolución del modelo de Colaboración Social para entidades privadas y profesionales de la gestión tributaria

Desconocimiento y falta de una estrategia para minimizar el impacto que tendrá la nueva Directiva de Medios de Pago (PSD2) es el resultado del estudio sobre Medios de Pagos y Fraude Online presentado por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). El estudio confirma que las empresas encuestadas no conocen las novedades que introduce esta normativa y siguen sin comprender las implicaciones de la citada directiva. Adigital es la Asociación Española de la Economía Digital, formada por más de 550 asociados. Tiene como objetivo promover y apoyar la economía digital en España en sus diferentes aspectos, como son el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información. A este respecto hay que hablar el comercio electrónico, marketing y comunicación digital, las aplicaciones móviles, los contenidos digitales, la publicidad digital y otras actividades conexas como son los servicios de contact center, agencias y redes de publicidad, logística o medios de pago. Sobre este informe sobre Medios de Pagos, cabe indicar que los medios de pago son uno de los factores más estratégicos del comercio electrónico; de ellos depende en buena medida que el consumidor finalice o no un proceso de compra. Por ello es fundamental que los ecommerce españoles se mantengan actualizado en materia regulatoria. Pero también desde el punto de vista tecnológico: quedarse al margen de las últimas novedades y tendencias los puede situar en una clara situación de desventaja competitiva.

¿Como prefieren pagar los consumidores?

Los pagos con tarjeta, las transferencias y PayPal continúan en las primeras posiciones tanto entre los medios de pago ofrecidos por las empresas (92%, 72% y 68%, respectivamente) como por transacciones (41%, 22%, 13%), pero se observa la evolución de otros sistemas que no existían hace unos años. Es el caso del pago mediante wallet, que crece un 7% entre los métodos de pago ofrecidos por las empresas encuestadas y representa un 1,20% de las transacciones frente al 0,36% de 2018. Mientras, descienden los pagos contrarrembolso -con una caída del 36%- y las tarjetas de prepago. Entre las razones que más pesan para cambiar de medio de pago destacan: el aumento de la tasa de conversión (81%), ofrecer un mejor servicio (60%) y la adaptación al móvil (60%). No en vano, los pagos móviles continúan su tendencia ascendente aumentando este año hasta representar el 33% de la facturación de las empresas encuestadas. Todo ello, sin olvidar el camino que queda por recorrer en materia de inteligencia artificial, biometría o blockchain que abren nuevas perspectivas no solo a nivel de experiencia de usuario (pagos invisibles, rápidos, sin fricción), sino especialmente para aumentar la seguridad en las transacciones. Un dato importante es que el 62% de las empresas encuestadas dispone de un equipo dedicado a gestionar los pagos y el fraude, lo que da clara muestra de la importancia cada vez mayor que adquiere dentro de ellas. También aumenta en un 35% el porcentaje de empresas que utilizan un sistema de gestión de fraude, destacando el aumento en el uso de pantallas de fraude y desarrollos propios, aunque el ranking de los sistemas más usados lo lideran 3D Secure o CES y CVV.

Falta de adaptación normativa

La recomendación en la que han coincidido los expertos que han pasado por innoPayments ha sido estar preparados, monitorizar constantemente los procesos de pago, así como el grado de adaptación normativo de la empresa y no esperar a que el fraude llame a la puerta para comenzar a gestionarlo. La directiva entró en vigor el pasado 14, pero la falta de preparación en el conjunto de los agentes implicados en la cadena hizo que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) y los supervisores nacionales concedieron un tiempo adicional -todavía pendiente de acotar- para la adaptación. Los requisitos de dicha normativa europea se exigirán cuando se aplique plenamente dos elementos de seguridad diferentes, a elegir entre algo que se sabe (por ejemplo, el pin), algo que se tiene (la tarjeta) y algo que se es (huella digital) y será necesaria tanto para hacer pagos por internet como en comercios físicos, según la fuente. Si se hubiera aplicado plenamente en esas fechas, habría habido una caída «muy grande» de las ventas por un aumento del rechazo de las operaciones, pero «lo peor» hubiera sido la pérdida de confianza en el comercio electrónico. Las cifras que maneja el sector sitúan la caída de la conversión (cuando una venta online decae en el momento del pago) habitualmente entre un 20 y un 25 % y este porcentaje subirá en los primeros momentos cuando se aplique plenamente la Directiva.

UN TRABAJADOR QUE DIMITE POR ACOSO LABORAL TIENE DERECHO A INDEMNIZACIÓN ADICIONAL POR DAÑOS MORALES Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado otorgar indemnización por daños morales para una farmacéutica que sufrió acoso continuado y grave en su puesto de trabajo y acabó por abandonar. Esta indemnización se debe sumar a lo percibido por la estimación de despido improcedente, cantidad que confirmó el juzgado de instancia, pero quien desestimó sin embargo indemnizar por daños morales. Según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la empleada demandante sufrió continuadas muestras de desprecio por parte de sus compañeros, consistente en empujones, zancadillas, pisotones o codazos, junto con continuos comentarios de desprecio. Es por ello que, según explica, la indemnización por despido improcedente no es suficiente para cubrir todos los perjuicios causados por la empleada, que sufrió problemas de ansiedad que le llevaron en varias ocasiones a ser dada de baja. Según la audiencia, la existencia del daño moral no exige prueba directa, sino que basta con demostrar la existencia del acto que produce el daño, y el Supremo tiene declarado que cuando es declarada la violación del derecho fundamental se presume la existencia del daño moral y nace el derecho a la indemnización sin más, cuantificándola conforme a las circunstancias concurrentes de cada caso. La actora sufrió procesos de incapacidad temporal por ansiedad, pero decidió que tal situación no podía continuar y solicitó la extinción indemnizada de su contrato. El Juzgado estimó su demanda pero solo parcialmente, porque como no cabía duda de la actitud hostigadora del empleador, resolvió en contrato con la indemnización procedente por despido improcedente, pero sin embargo desestimó su pretensión indemnizatoria por daños morales. Pero acreditado como ha quedado en la instancia que el comportamiento de la empresa ha sido, no solo destructor, sino además malintencionado, ineludiblemente ha de otorgarse una indemnización por daños morales. Se ha lesionado un derecho fundamental, el de la integridad moral. Ha sido víctima de un comportamiento que evidencia un propósito o que tiene el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. Para la Sala, el comportamiento empresarial excede los límites de la simple acción resolutoria prevista para los trabajadores que solicitan la extinción por incumplimiento de las obligaciones de su empleador. Y por ello, además de la cuantía equivalente a un despido improcedente, se le añaden 25.000 € más. Esta cuantía integra el lucro cesante por las cantidades dejadas de percibir durante el tiempo de baja, los perjuicios económicos derivados de los días de baja y el daño moral. Porque en estas circunstancias, no solo deben ser valorados los daños y perjuicios derivados de la extinción contractual, sino también los daños materiales y morales que comporta la enfermedad psíquica que, como consecuencia del comportamiento empresarial, tuvo que soportar la empleada y que, por sí mismos, constituyen la violación de un derecho fundamental.

En el segundo trimestre se constituyeron en España 25.021 sociedades mercantiles, un 4,2% menos que en el mismo trimestre de 2018. Con este descenso se altera la tendencia después de cuatro trimestres consecutivos de aumentos interanuales. Según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores correspondiente al segundo trimestre de 2019, en los últimos 12 meses, de julio de 2018 a junio de 2019, se constituyeron 95.299 sociedades, un 0,2% más que en el mismo período acumulado del año anterior, mostrando una estabilización claramente por debajo de las 100.000 operaciones anuales. Por territorios, la creación de empresas baja en diez comunidades autónomas, con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Murcia, Canarias, Cantabria y Castilla la Mancha encabezando los descensos, mientras que sube en el resto, principalmente en La Rioja, Castilla y León y Cataluña.

Extinciones

Las extinciones de sociedades alcanzan las 6.067 sociedades en el segundo trimestre, un 4,6% más que en el mismo trimestre de 2018, continuando con las subidas de trimestres anteriores. En los últimos 12 meses, de julio de 2018 a junio de 2019, las extinciones aumentaron el 4,9% sobre el mismo período acumulado del año anterior. Por comunidades autónomas aumentan en La Rioja (59,1%), Galicia (40,8%), Castilla y León (22,3%), Ceuta y Melilla (14,3%), Andalucía (8,4%), Aragón (7,5%), Canarias (6,0%), Comunidad Valenciana (3,8%) y Castilla la Mancha (3,4%), Cataluña (2,9%), Baleares (2,1%) y Asturias (1,2%). Por el contrario, descienden en Murcia (-14,8%), Cantabria (-5,2%), Navarra (-3,9%), Extremadura (-3,5%), País Vasco (-3,4%), y Madrid (-0,1%).

Operaciones de capitalización

En el primer trimestre se contabilizaron 7.265 ampliaciones de capital, con un descenso del 3,8% sobre el mismo período del año anterior. En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 4.869 millones de euros, un 9,6% menos que en el mismo período de 2018.

Concursos

Las empresas con serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores entre abril y junio fueron 946, un 7,4% menos que en el segundo trimestre de 2018, por lo que se acumulan dos trimestres consecutivos de descensos. En los últimos 12 meses, de julio de 2018 a junio de 2019, se declararon en concurso 3.514 sociedades, un 1,5% menos que en el acumulado del año anterior. Las caídas que se venían produciendo desde 2014 parecían invertir la tendencia durante 2018 aunque, en los dos primeros trimestres de 2019, se recupera la tendencia descendente anterior al primer trimestre de 2018. En el segundo trimestre y con respecto al mismo período de 2018, las caídas más acusadas se registran en Cantabria, Asturias, Murcia, Castilla la Mancha, Canarias, Andalucía, Galicia y Madrid, mientras que en el otro lado, los mayores incrementos en los concursos de acreedores se localizan en Ceuta y Melilla, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón y Navarra.

Traslados de sede social entre comunidades autónomas

Se indican a continuación los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. Los datos expresados no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino. Entre los datos relativos al primer trimestre, destacan las empresas que se van de Madrid, 406, seguida por la comunidad autónoma de Cataluña, con 210 traslados. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Cataluña muestra el saldo más negativo, o de pérdidas de sede social, con 45 empresas menos, seguida por Murcia (-19), Castilla y León (-16), Navarra (-15), Galicia (-13), Canarias (-8), Cantabria (-4) y Aragón (-2). Por el contrario, las CC.AA. que muestran mayores saldos positivos son País Vasco (26), Andalucía (25), Madrid (22), Castilla-La Mancha (16), Comunidad Valenciana (13), Baleares (13) y Extremadura (4).

Si un vehículo está mal estacionado, no podrá ser multado por ello varios días consecutivos.

El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 34 de Madrid ha estimado un recurso presentado por Pyramid Consulting. La empresa, especializada en recurso de multas de tráfico, defendía el caso de un cliente que había sido multado 14 veces en 3 semanas, siempre por el mismo motivo. Únicamente se puede sancionar una vez por el mismo hecho cometido de forma continuada sin que haya tenido conocimiento el interesado. Todas las multas habían sido impuestas por estar aparcado en el mismo punto de una calle madrileña, acumulándose los boletines de denuncia en el parabrisas. En el domicilio, en cambio, fueron notificadas todas el mismo día. El Juzgado ha considerado que, tratándose del mismo hecho, debe notificarse una única infracción administrativa. Esta sería la cometida el primer día, puesto que se trata de la misma infracción cometida de manera continuada. El Ayuntamiento de Madrid, en cambio, optó por iniciar un expediente sancionador por cada día en que estaba estacionado. Según el fallo de la Sentencia, esto constituye una infracción procedimental por no haber tramitado todas las denuncias como un solo procedimiento. Desde el momento en el que se puso la primera denuncia, todas las demás tendrían que haberse tramitado en el mismo expediente y concluir en una sola sanción. Y es que el estacionamiento se produjo sin ninguna interrupción, sino de forma continuada, en el mismo lugar y en días consecutivos. Desde Pyramid Consulting se puso de manifiesto el artículo 63.3 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones públicas, artículo que se recoge en la sentencia y que dispone lo siguiente:

“No se podrá iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo”.

Se puede aplicar a otros hechos denunciados

Esta sentencia no es sólo novedosa para las multas de aparcamiento. El artículo 63.3 de la Ley 39/2015 es aplicable a otros supuestos, como puede ser las sanciones por acceder de manera continuada por el mismo lugar. Serviría, así pues, para las multas por acceder a las antiguas APR así como por acceder varios días seguidos a Madrid Central. Tal y como dice la sentencia, se pretende evitar que a un conductor le sean notificadas muchas infracciones en su domicilio, el mismo día, por el mismo hecho, cometidas en el mismo lugar, sin haber tenido la posibilidad de reaccionar.

Que el crecimiento de la facturación sobre operaciones comerciales online viene siendo una constante, y de que lo va a seguir siendo, es una realidad constatada.

Razones:

1. Varias razones redundan con fuerza en esta realidad;primeramente, la más natural, la incorporación de las nuevas generaciones “digitales” al mercado laboral.
2. Pero también la todavía relativa seguridad de las transacciones Online, así como la cada vez mayor simplificación de procesos para la contratación digital.
3. Y por supuesto la posibilidad de ofrecer y adquirir servicios y productos de manera global.

Os dejamos unos datos básicos para que le echéis un vistazo y para preguntaros, A QUE ESPERÁIS?: Fuente; Confilegal.com

La facturación del comercio electrónico en España aumentó, en el segundo trimestre de 2018, un 27,2% interanual hasta alcanzar los 9.333 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 14,8% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 11,8% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 5,5%. Al mismo tiempo, si nos fijamos en el número de transacciones, en el segundo trimestre de 2018 se han registrado más de 159 millones de transacciones, un 34,8% más. El transporte terrestre de viajeros lidera el ranking por compraventas (7,7%). Por su parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 1.790 millones de euros, un 40,3% más que en el segundo trimestre del año anterior. El 71,4% de las compras desde el exterior proviene de la Unión Europea. Otro dato importante es que, en cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se han llevado el 52,4% de los ingresos en el segundo trimestre de 2018. El 47,6% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de comercio electrónico en el exterior. El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de 4.442 millones de euros, un 36,9% más que en el segundo trimestre del año anterior. El 93,2% de las compras desde España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea. Los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españolas) han aumentado un 10,1% interanual hasta los 3.101 millones de euros. El sector turístico supone el 29,3% de la facturación dentro de España, seguido de los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (6,5%) y la administración pública, impuestos y seguridad social (6,2%).

El pasado 29 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que entra en vigor el 29 de enero de 2019 y reforma la regulación relativa a las velocidades máximas de los vehículos en vías fuera de poblado.

Contexto social y objetivos

En los últimos años se ha producido una tendencia sostenida al alza en cuanto al número de víctimas por accidentes de tráfico. De los datos oficiales se extrae que en las carreteras convencionales tienen lugar en torno al 75% de los accidentes con víctimas, así como que la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los casos. Los límites de velocidad en España datan de los años ochenta. Sin embargo, hoy en día la situación es completamente distinta, siendo uno de los países del mundo con mayor número de kilómetros de vías de alta capacidad, más seguras y que permiten mayor confort en los desplazamientos. Por su parte, las carreteras convencionales ya no tienen como prioridad aumentar la fluidez de la circulación, sino conectar personas y transportar mercancías en un radio de acción más próximo. Por ello, de entre todas las medidas estructurales a adoptar para revertir esta situación, se estima clave la de reducir la velocidad en este tipo de carreteras. Los objetivos que persigue esta modificación reglamentaria son cumplir los objetivos de reducción de siniestralidad en vías convencionales, establecer un sistema seguro vial en estas carreteras y homogeneizar los límites de velocidad siguiendo las pautas que se van marcando dentro de la Unión Europea.

Novedades introducidas

Se modifica el art. 48 del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, a fin de hacer desaparecer la diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 y 100 km/h existente para los turismos y las motocicletas, reduciéndolo a una limitación general de 90 km/h. Formalmente, se introduce un cuadro que simplifica los límites genéricos para las vías y para los vehículos, clasificando a los mismos en tres bloques. De esta forma, las limitaciones para vehículos más específicos se detallan en apartados sucesivos, buscando facilitar cada tipo, aunque en estos casos no se han introducido cambios significativos. Respecto de los límites de velocidad existentes en las carreteras convencionales para los vehículos de transporte de viajeros y de mercancías, a través de la simplificación de los límites en general, se adecúan las limitaciones de estos vehículos reduciendo el diferencial de velocidad respecto de los turismos. Así, las diferencias entre los grandes tipos de vehículos no serán superiores a 10 km/h en estas vías. En el supuesto de los camiones, en un bloque de carreteras se uniformiza la velocidad a 80 km/h, límite que es común en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. En el caso de los autobuses, se mantiene la limitación genérica a 90 km/h debido a la baja siniestralidad continuada de este tipo de vehículos, si bien aquellos que no estén dotados de cinturón de seguridad no podrán circular a más de 80 km/h. A continuación se detallan las modificaciones introducidas: Autopista y autovía Convencional Autopista y autovía Convencional Turismos y motocicletas

• 120 km/h
• 100 km/h
• 120 km/h
• 90 km/h*

Autobuses, derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables

• 100 km/h
• 90 km/h
• 100 km/h
• 90 km/h**

Camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones y veh. con remolque

• 90 km/h
• 80 km/h
• 90 km/h
• 80 km/h

Resto de automóviles con remolque

• 80 km/h
• 80 km/h
• 90 km/h
• 80 km/h

Veh. de tres ruedas y cuadriciclos

• 70 km/h
• 70 km/h

* En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg. ** En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado o en caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la velocidad máxima en vías convencionales será de 80 kilómetros por hora.

Entrada en vigor

El Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, entra en vigor al mes de su publicación en el BOE, esto es, el 29 de enero de 2019.

El 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral.

Objetivos

Con el objetivo de introducir medidas en el ámbito tributario, sus modificaciones más relevantes se centran en ampliar la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad del IRPF a otros colectivos y a fijar los coeficientes de actualización de los valores catastrales.

Novedades introducidas

* Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 que declara exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social, se modifican las leyes reguladoras del IRPF, el IS, el IRNR y el IP. Así, se establece que deben considerarse igualmente exentas debido a su misma naturaleza, causa y régimen regulador, las prestaciones públicas por paternidad satisfechas por la Seguridad Social. Los contribuyentes beneficiarios no tendrán que tributar por ellas y podrán solicitar la devolución de lo tributado en ejercicios anteriores no prescritos. Se extiende la mencionada exención hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce por tal concepto, a las prestaciones percibidas por los siguientes colectivos:

• Empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que no dé derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad de la Seguridad Social pero que perciben sus retribuciones durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad.
• Profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que perciben tales prestaciones de las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social.

Se permite solicitar la devolución del impuesto soportado antes de que prescriba el ejercicio en el que se declararon las retribuciones que ahora se declaran exentas. Se prorrogan para el periodo impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. Se prorrogan para el periodo impositivo 2019 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA. Como consecuencia de las mencionadas prórrogas se fija, mediante la pertinente disposición transitoria, un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos o regímenes especiales. En el Impuesto sobre Sociedades se introducen medidas destinadas a atenuar el impacto fiscal de los efectos derivados de la primera aplicación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. Las medidas introducidas en esta materia resultarán aplicables a los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018. Se mantiene el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2019, continuando así con la prórroga anual del impuesto que se aprueba desde 2013. Se aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2019, a fin de contribuir a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales. Con efectos exclusivos para el año 2019, se establece la prórroga de los plazos establecidos para que los Ayuntamientos cuyos municipios se encuentren incursos en procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan aprobar con mayor holgura un nuevo tipo de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se incluye la relación de actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2019.

Normas afectadas

El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, modifica las siguientes normas:

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
• Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entrada en vigor

El Real Decreto-ley 27/2018 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, el 30 de diciembre de 2018.